La Suprema Corte de Justicia de La Nación se a pronunciado al respecto:
Época: Décima Época
Registro: 2000988
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.)
Página: 260
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU
FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR.
La función del interés superior del menor como principio jurídico
protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y
con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es
decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la
satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de
la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el
interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en
la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se
dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para
alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las
autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra
analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros
intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse
determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de
contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior
del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no
podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido,
dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de
derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y,
por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al
legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y
a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la
educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la
edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y
procesal penal; además, el interés superior del menor como principio
garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas
destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia
Segovia.
Época: Novena Época
Registro: 172050
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Julio de 2007
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. CXLII/2007
Página: 260
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS
MENORES. SU CONTENIDO.
El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por
el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y
a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral
3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la
República), son principios rectores de la protección de los menores, entre
otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e
igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese
tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual
se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde
que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo
en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza
de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es
parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica,
cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir
información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su
origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una
parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus
ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
